527 FUNCIONARIOS SERÁN SANCIONADOS

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Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que Jaime Rodríguez Calderón dispuso de personal administrativo del gobierno de Nuevo León para recabar firmas de apoyo de simpatizantes en horario laboral, un total de 527 funcionarios estatales serán sancionados, por lo que se ordenó dar vista a sus superiores jerárquicos para que definan las sanciones correspondientes.

Entre los funcionarios destaca la participación del ahora gobernador interino Manuel González Flores, quien junto con los demás funcionarios de 1er y 2do nivel de gobierno violaron las normas constitucionales al apoyar al bronco en su campaña por obtener la candidatura independiente del país, así como a los candidatos independientes de las distintas alcaldías y diputaciones; el tribunal estableció, que incluso se presionó a los subordinados a entregar una cantidad especifica de firmas que ayudara a Rodríguez Calderón y demás Candidatos Independientes a lograr su objetivo.

La denuncia fue interpuesta por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y en la resolución se determinó que hay responsabilidad tanto de «El Bronco», aún en su periodo como Gobernador en funciones, como del Mandatario interino, Manuel González, al no haber evitado el uso de servidores públicos, por lo que se dio vista también al Congreso del Estado de Nuevo León.

«Existente la infracción atribuida a 572 servidores públicos por captar apoyos en días y horas hábiles, por tanto, se comunica la sentencia a sus superiores jerárquicos. «Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter de Gobernador de Nuevo León, del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017, y Manuel Florentino González, Gobernador interino, son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la Presidencia de la República.

«Por tanto se comunica esta sentencia al Congreso del Estado», se establece en la sentencia aprobada por unanimidad.

En la resolución también se determinó que existió coacción por parte de las servidoras públicas Yolanda Deyanira Cedillo González y Dulce María Facundo Torres hacia sus colaboradores, por lo que se informaría también a sus superiores jerárquicos.

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